«El libro rojo del cole» y la censura de libros en España

En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres.

Suetonio (c. 70- post 126)

Considerar que en España la censura de libros acabó al terminar el franquismo resulta bastante problemático, porque o bien se obvia que a partir de la muerte del dictador la censura tomó otras formas, o bien se acepta que el franquismo, como régimen, se extiende bastante más allá del fallecimiento del dictador o incluso de la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.

En su momento tuvo bastante repercusión mediática, e incluso peligró su celebración, la Feria del Libro de Madrid de 1980 (dos detenidos, incautación de material gráfico a periodistas, la suspensión de una asamblea…) debido a las vehementes protestas encabezadas por una serie de editoriales, las sospechosas habituales, contra la persecución policial y jurídica que por entonces sufría la editorial Nuestra Cultura como consecuencia de haber publicado El libro rojo del cole. En respuesta a ello, veintiséis editoriales, de nuevo las sospechosas habituales (Anagrama, Fundamentos, Miraguano, Tusquets, Txertoa, ZYX…), canalizaron su enfado mediante la edición en bolsillo de ese mismo libro auspiciados por la denominación Comité para la Libertad de Expresión.

Edición de Extemporáneos (imagen cortesía de Alexander Bruck, de Siranda Librería Anticuaria).

El libro rojo del cole, de los profesores Soren Hansen y Bo Dan Andersen y el psicólogo Jesper Jensen, había aparecido originalmente en 1969 en danés y no tardó mucho en tener una amplísima difusión en otras lenguas: en español la publicó en México la editorial Extemporáneos en 1972 (como El pequeño libro rojo de la escuela), por ejemplo, y en catalán se publicó en 1973 una traducción a partir de la edición francesa a cargo de Jordi Moners i Sinyol (1933-2019) con pie editorial de las JRC (Joventuts Revolucionàries Catalanes, las juventudes del Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans). En 1979 había circulado por la península una edición clandestina bastante burda y mal encuadernada impresa en español en Barcelona con el sello de Edihttps://www.facebook.com/sirandalibros/ciones Utopía que al parecer se basaba en la versión mexicana, y muy poco después puso en circulación cien mil ejemplares la editorial Nuestra Cultura de Luis Martínez Ros (nacido en México, descendiente de exiliados republicanos).

La de Nuestra Cultura, una editorial especializada precisamente en temas pedagógicos, era una edición preparada por el músico, escritor y activista Lluís Cabrera (fundador del Taller de Músics), traducida por el antropólogo y líder del maoísta Partido del Trabajo de España Josefina López López-Gay (1949-2000) y con ilustraciones del muy popular caricaturista Romeu (Carles Romeu i Muller, 1948-2021) e incluida en la colección Mano y Cerebro.

Fue entonces cuando los sectores más tradicionalistas —el integrismo ultracatólico, el Ejército, la prensa más afecta al franquismo (lo que hoy llamaríamos la Brunete mediática), etc.— pusieron el grito en el cielo ante el contenido de este libro, y el hecho de que esas Navidades la abogada y entonces concejala del ayuntamiento madrileño Cristina Almeida lo incluyera en las dotaciones a las bibliotecas públicas no hizo sino acrecentar el escándalo. Como réplica inmediata, la Federación de Padres de Familia acusó al libro de «minar el respeto a la democracia y el respeto por las instituciones sociales» y la Asociación Católica de Padres de Familia puso una denuncia por «escándalo público». Por su parte, el ex ministro franquista y por entonces ministro de Cultura Ricardo de la Cierva y Hoces (1926-2015) definió el libro como «absolutamente intolerable y atentatorio contra las más elementales normas de la convivencia cívica», mientras que por su parte el ministro de Educación, José Manuel Otero Novas, que en 1989 se afiliaría el Partido Popular, aseguró que contenía «pronunciamientos que no están de acuerdo con la Constitución» y en un giro delirante añadía que fomentaba «prácticas tales como el consumo de drogas y prácticas sexuales de muy variado tipo, haciendo apología de las relaciones homosexuales y los matrimonios de grupo», dónde no queda ni mínimamente claro a qué debía de referirse a con «matrimonios de grupo»

El asunto fue haciéndose cada vez más confuso enredándose innecesariamente, porque en las diligencias se mencionaba la retirada de ejemplares ya a principios de octubre cuando el libro de Nuestra Cultura había salido de imprenta el 24 de ese mes; pero la explicación es sencilla: en un primer momento se retiraron de librerías ejemplares de la edición de Utopía; pero todo valía contra El libro rojo del cole. Resultará también ilustrativo tener en cuenta la carrera posterior de algunos de los implicados en este caso para hacerse una mejor idea del tipo de personajes que intervinieron en él.

La mencionada denuncia hizo que el libro fuera de inmediato retirado de las escuelas y secuestrado, pero la polémica arreció en el Congreso de los Diputados durante la celebración en febrero de los debates de la Comisión de Educación tendentes a aprobar el Estatuto de Centros Docentes. Y, mientras, la prensa seguía echando leña al fuego.

En este último aspecto, resultan hoy particularmente delirantes los calificativos que dedicó al libro el coronel ultracatólico Ricardo Pardo Zancada, quien en las páginas de la revista militar Reconquista lo consideraba «goma-2 contra la defensa nacional» destinada a «aniquilar todo vestigio moral» y que ponía en riesgo «la capacidad de resistencia y el ánimo combativo indispensable para sostener con eficacia la defensa» del país. A saber el concepto que tendría Pardo Zancada de la defensa nacional, pues en 1983 fue condenado a doce años de prisión por participar en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, si bien luego fue indultado por el Gobierno de Felipe González en 1987. Tampoco dejan de ser curiosas sus actividades al salir de prisión: dirigió la revista Iglesia y Mundo, colaboró en la revista del ex banquero Mario Conde MC y en 2018 fue uno de los firmantes de la execrable«Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España». Previamente, Plaza & Janés le había publicado 23-F: La pieza que falta. Testimonio de un protagonista (1998) y, para conmemorar los veinticinco años del acontecimiento, la editorial Áltera (dirigida entonces por Javier Ruiz Portella, condenado por plagiar una traducción de Francisco Rico) le había publicado 23-F: Las dos caras del golpe (2006).

La cuestión es que, tal como cuenta el profesor José Benito Seoane, «el Juzgado Central de Instrucción admitió a trámite la querella y ordenó el secuestro del libro, considerando la obra “una provocación al aborto y a la corrupción de menores”». En la Audiencia Nacional se hizo cargo del caso el juez Varón Cobos (que luego se haría famoso al verse envuelto en el llamado caso Bardellino, la puesta en libertad de un mafioso, y fue apartado de temporalmente de la judicatura acusado de prevaricación), quien de buenas a primeras dictó prisión incondicional para el editor de Nuestra Cultura, sin posibilidad de fianza, y se dispuso a procesar a editores, impresores y cualquier otra persona vinculada a la publicación y distribución del libro (de ahí la iniciativa del Comité por la Libertad de Expresión).

Coincidiendo con el inicio del juicio se hizo público un manifiesto en el que más de ochocientos profesionales de la edición, artistas y escritores se declaraban colaboradores en la preparación del libro, entre ellos el dramaturgo Carlos Muñiz (1927-1994),las actrices Lola Gaos (1921-1993) y Mari Paz Ballesteros, el equipo de caricaturistas El Cubri, el diseñador Alberto Corazón (1942-2021), el filósofo Carlos París (1925-2014), los periodistas Pedro Altares (1935-2009) y Eduardo Haro Tecglen (1924-2005)…, con el único objetivo de reivindicar la libertad de expresión y poner de manifiesto la persecución judicial a la que estaba siendo sometido Martínez Ros.

Sin embargo, apenas unos días después la respuesta del Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid fue citar al editor Emiliano Escolar, imputado por escándalo público por ser la que él dirigía una de las editoriales que habían colaborado en la coedición de bolsillo de El libro rojo del cole. Y no sería el último de esos coeditores citado a declarar.

Por si la cosa no estaba suficientemente encendida y embrollada, la Comisión para la Libertad de Expresión denunció que, simultáneamente con la edición de bolsillo, aparecieron algunas ediciones piratas pese al acuerdo de no reeditar la obra mientras estuviera en librerías la de la comisión: una de ellas con pie editorial de la propia Comisión sin que esta tuviera noticia de ello (10.000 ejemplares), otra de Nuestra Cultura (25.000) y aún una tercera de 2.000 ejemplares que distribuyó Jesús González (jefe de producción y encargado por tanto de la impresión y encuadernación de la obra). Contaba la agencia Efe:

Jesús González, según las informaciones de que dispone la comisión, entregó a la misma 12.190 libros en lugar de los 13.000 encargados, es decir, 810 menos; imprimió 2.000 ejemplares más de los acordados, que distribuyó por medio de la empresa Distribuidora Futuro y en beneficio propio, junto a los 810 anteriores, y retrasó la edición pirata de Nuestra Cultura, cuya producción dependía de la misma imprenta y de la que él estaba también encargado.

Luis Martínez Ros con un ejemplar de la edición de Nuestra Cultura.

Para no alargarlo más: A finales de julio de 1982 se condenó al Luis Martínez Ros, con evidente desmesura, a cuatro meses y un día de arresto mayor, sazonados además con una multa de mil pesetas y la inhabilitación para llevar a cabo cualquier tipo de actividad relacionada con la edición destinada al lector juvenil.

El contenido del libro quizá pueda deducirse o suponerse a partir del título (donde se anuncia ya el remedo o parodia del libro de Mao), pero, en realidad, ¿qué importancia tendrá eso cuando se trata de libertad de expresión?